Es lamentable que en pleno siglo XXI todavía las Fuerzas
Armadas mantengan su posición de supremacía social.
Es que resulta que los militares
tienen un exclusivo sistema de seguridad social que, a diferencia del IESS, es subsidiado en su mayoría por el Estado, es decir por todos los ecuatorianos.
Peor aun, nadie entiende por qué los terrenos expropiados por el estado para la construcción del parque
los Samanes deben tener otra valoración, ¿solo por ser de los militares?.
Y por qué
las propiedades del ISFFA tienen más valor que la de miles de ecuatorianos que tuvieron que ceder sus tierras a precios irrisorios para la construcción de las
grandes vías. Ahí no hubo ni clase política ni movilización social para
evidenciar esa injusticia.
Los militares a los cuarteles, su formación no es reflexiva
ni crítica. Si hay una lucha, es la de exigir al gobierno sancione de manera ejemplar al funcionario, ministro o persona responsable de este horror al pagar
casi 6 veces más por un terreno que legalmente no tenía ese valor.
Y si a alguien hay que pedir que pongan “huevos”, es a los
asambleístas para que, por primera vez, respondan a sus votantes y asuman su
labor fiscalizadora para esclarecer estos y muchos temas poco claros y pendientes.
Y para los que ya no quieren y hasta odian a este gobierno,
en vez de golpear las puertas de los cuarteles, mejor trabajen en una propuesta
alternativa, sólida y firme que realmente llene las expectativas ciudadanas y
ganen las elecciones del año 2017 democráticamente.
Golpear cuarteles es una
muestra de mediocridad igual o peor que la que dicen cuestionar.
En primer lugar concuerdo plenamente con su opinión que aquellos que hace unos días esperaban ansiosos un levantamiento militar no sólo son mediocres, sino también ignorantes e irresponsables. La solución al totalitarismo civil correísta no es clamar por una dictadura militar.
ResponderEliminarPero el resto de sus opiniones están bastante descontextualizadas y parcializadas. Por no decir retrógradas y llenas de calificativos fáciles de revertir.
1. El financiamiento de cualquier seguridad social depende de los empleadores. El IESS cubre a trabajadores públicos y privados, por lo tanto su financiamiento viene de ambos sectores. Pero la seguridad social de fuerzas armadas y policiales por su carácter de instituciones públicas tienen como único empleador al estado. Usted habla del aporte estatal al ISSFA como si fuera una prebenda, algo malo o como si hubiera otra opción de financiarlo. Por supuesto que debemos pagarlo todos! ¿Quién más?
2. Que los militares o policías constituyen una casta separada de la sociedad civil es un hecho que depende de su origen, su papel y su impacto en la sociedad. Y estoy de acuerdo en que no deberían tener "supremacías", pero la seguridad social no es una prebenda. Es un derecho, una conquista laboral.
ResponderEliminar3. Es aberrante pensar que un ciudadano deba renunciar a proteger sus derechos porque su trabajo le prohibe dirimir conflictos sociales. Un militar (como cualquier compatriota) tiene el derecho de exigir la no afectación de los fondos de su seguridad social. La pretenciosa orden de: "Militares, a sus cuarteles!" busca disminuirlos en su condición de ciudadanos con plenos derechos. ¿Si está conciente que suena idéntico a "Indios a sus llactas!" o "Hembras a la cocina!"?
¿Cómo dijo? "Es lamentable que en pleno siglo XXI todavía ciertas personas mantengan su posición de supremacía social."
4. La Ley de Contratación Pública hace una clara distinción entre expropiación por medio de "utilidad pública o interés social" y transferencia de dominio por (entre otros) contrato de compraventa de mutuo acuerdo entre instituciones públicas. El caso de los terrenos expropiados para las ampliaciones de vía se ampara en el procedimiento previsto en los primeros párrafos del Art. 58 que obliga a las partes a regirse a un avalúo del municipio. En cambio los lotes en los Samanes no precisaron ser declarados de utilidad pública porque se sometieron al procedimiento expresado en el párrafo 11 del mismo artículo que permite llegar a mutuo acuerdo, evitar los trámites de expropiación y por ende no existe la obligación de regirse al avalúo municipal. En tal virtud el precio fue fijado en apego a derecho.
Querer comparar transferencias de dominio de distinta naturaleza por mala fe o desconocimiento "es una muestra de mediocridad igual o peor que la que dice Usted cuestionar."
5. El Art. 1836 del Código Civil otorga 4 años para resolver un reclamo por el precio pagado con la figura de lesión enorme. Ese plazo prescribió en diciembre del 2014, por lo que hoy Correa está claramente infringiendo la ley.
ResponderEliminar6. El informe de Contraloría incurre en errores de fondo que deslegitiman sus conclusiones, pero en cualquier caso NO es vinculante, y es tanto así que no dispone, ordena ni exige la devolución del supuesto sobreprecio, sino que claramente SOLICITA que ambas partes solucionen el conflicto. Cuando Correa se inmiscuye y ordena la incautación de 41 millones está arrogándose funciones e infringiendo la ley.
7. Por último, cae Usted en errores y contradicciones que se comprenden por ese afán de menospreciar los derechos de otras personas. No fueron "expropiaciones" sino un contrato de compraventa por mutuo acuerdo sin declaratoria de utilidad pública.
También parece que desconoce la diferencia que siempre ha existido entre los avalúos catastrales y los comerciales.
Y mientras le molesta que los militares quieran un precio justo, comparte un video que aclara que el precio de $2 o $3 que ofrece el estado es casi un robo.
No viene al caso, pero por lo visto tampoco no se ha molestado en fijarse que el video informa que hay personas que conseguieron precios justos ($15 por metro cuadrado). Amparados en la ley, sólo se necesita no llegar a un acuerdo de expropiación en 90 días y un juez puede resolver a favor del afectado sin estar sujeto al avalúo municipal (el mismo artículo 58 contempla esa opción).
Saludos!
Respeto su opinión y admiro su dominio de lo legal, resaltando que no siempre lo legal es lo justo como evidentemente es en este caso. Discrepo y lamento sin embargo su aceptación de la supremacia social de los militares, qñcon el argumento de que "siempre ha sido pues ni modo" y finalmente lamento que no destaque que, tal como usted argumenta, el tema se lo resuelva en derecho, exigiendo la sanción del reponsable del error génesis del conflicto. Y finalmente destaco, como usted inicialmente resalta, que la defensa patrimonial de un grupo privilegiado de ecuatorianos, aviven temas despreciables e injustificables como un golpe de estado. Gracias por leer mi artículo y por su tiempo para analizarlo.
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